La expresidenta del Tribunal Electoral del Estado, María Elena Adriana Ruiz Visfocri y el exdiputado local Enrique Salazar Abaroa, fueron los dos únicos participantes en el foro que organizó el Partido de la Revolución Democrática en torno a la reforma político-electoral.
El foro se llevó a cabo en la sede estatal del PRD ante la presencia de su dirigente, Francisco Rodríguez.
Ahí, el exdelegado del Infonavit en la entidad, Enrique Salazar Abaroa, destacó que en vez de reforma, el PRI, PAN, PRD, PT, PANAL y Convergencia, han planteado una contrareforma electoral que “adolece de fundamentos, demuestra una pobreza argumental y un pobre trabajo de investigación jurídica”.
“El conjunto de propuestas de reforma electoral frena las candidaturas ciudadanas, contraviene el pluralismo ideológico y cierra la posibilidad de confrontar las ideas, lo que también atenta contra la libertad de expresión y la creación de nuevas formas de ingeniería y arquitectura política en la entidad”, añadió.
“Cualquier propuesta de reforma que afecte el número de integrantes del Congreso y el pluralismo ideológico del mismo debe razonarse en función de los intereses de la ciudadanía y del desarrollo del estado de Colima, la libertad y la justicia y no debe emprenderse exclusivamente por el raquítico e irrazonado del ahorro que significará reducir el tamaño del Congreso”, añadió.
Por su parte, María Elena Adriana Ruiz Visfrocri señaló que la reforma electoral tiene un atraso de seis años.
En ese sentido, expuso que el marco jurídico aplicable es el vigente en el 2005 ya que la reforma aprobada por la vía rápida en el 2008 fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dijo que si bien es urgente la reforma electoral también se requiere una reforma política o de estado que revalore las características, funciones, atribuciones y limitaciones de los tres Poderes, la cual replantee el origen de los organismos ciudadanos, que se han desnaturalizado a partir de los malos funcionarios que los presiden y los errores constitucionales que se cometen en su designación.
“Otro tema intocado es el marco de la acción penal en materia electoral. Es necesario formular de una manera especializada el sustento sobre el cual sancionar las conductas que redundan en perjuicio de los intereses políticos trascendentales”, concluyó.
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