Colima.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado solicitó para su ejercicio 2019, 242 millones de pesos, en donde la mayoría de ese monto, el 94.6 por ciento se va a sueldos y salarios, quedando un margen del 5.4 por ciento para la operación de este poder.
Lo anterior lo informó el magistrado presidente del STJE, Bernardo Alfredo Salazar Santana en entrevista con los medios de comunicación, luego de entregar a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado la propuesta del presupuesto para el año 2019.
Bernardo Salazar apuntó que año con año se plantea un incremento salarial generalizado del 5 por ciento, ya que se tiene el rezago desde hace 8 años en donde el Poder Judicial no cuenta con un aumento de salario para los trabajadores de confianza y de las áreas jurisdiccionales y sí existen incrementos para trabajadores de base y sindicalizados.
En el 2017 el gasto que ejerció el Poder Judicial fue de 216 millones, informó que se solicitó esa misma cantidad para el 2018, pero solamente recibieron 208 millones, justifican que para cerrar el año es necesario contar con 233 millones, es por ello que solicitarán una ampliación.
Mencionó que es necesario incrementar el aspecto de infraestructura, ya que está en puerta la operación de la Sala de la Oralidad Familiar y la Sala de Oralidad Mercantil y no cuentan con las salas suficientes para atender la demanda.
“Tenemos la necesidad de un Centro de Convivencia de Asistencia Familiar Supervisada y no tenemos dinero para construir”.
Como también se tiene la necesidad de atender en los juicios de orden familiar, en donde intervienen menores de 18 años, los cuales deben estar asistidos por psicólogos, con los cuales no cuentan, y que solamente se tienen dos para todo el estado.
El tema de austeridad, mencionó, que se está haciendo un ejercicio racional del gasto, logrando abatir en rubros de materiales, suministros, adquisiciones y gastos de operación.
Bajar los sueldos no es una situación viable, destacó, por dos cuestiones, la primera es que son el penúltimo Poder Judicial en el país que menos gana.
“La segunda es un poder judicial mayormente conformado por abogados, por conocedores del derecho y hay una disposición constitucional en el artículo 116 fracción tercera de la Constitución Federal, que es la que regula el funcionamiento de los poderes judiciales locales, la cual es muy clara en señalar que durante su ejercicio a los funcionarios judiciales no se les puede reducir los salarios, entonces pensar en hacer una reducción a nuestros funcionarios es arriesgarnos a que todos ellos nos demanden y nos ganen a un juicio”.
Ley de austeridad
Respecto a la Ley de Austeridad que se propuso en el Congreso del Estado, la cual abarcaría a los tres poderes, no se puede aplicar, ya que existen 415 trabajadores de confianza y de los cuales la mayoría trabajan en áreas jurisdiccional y saben que lo pueden presentar demandas en lo individual y tendrían toda la posibilidad de ganar.
Por parte de los magistrados mencionó que sí se podría de manera voluntaria, pero no los pueden obligar.
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