Colima.- El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Colima, Bernardo Salazar Santana, dio a conocer que, en lo que va de la pandemia, han tenido que decretar la suspensión de actividades en cuatro lugares y poner en cuarentena, debido a que se han detectado brotes de COVID-19 en funcionarios judiciales, en un número considerable.

“Lo que nos obliga a cerrar por 15 días por el tiempo que marca el protocolo y las actividades de atención al público en esos lugares para evitar pues la posibilidad de un contagio mayor”.

Bernardo Salazar explicó que los sitios que han tenido la suspensión de actividades han sido: el Partido Judicial de Tecomán, el Juzgado Penal Tradicional de Manzanillo, el Juzgado de Armería y la sede Judicial Penal de Colima; que abarca la parte anexada al Cereso, los Juzgados Tradicionales Primero y Segundo y el Sistema Judicial Penal Adversarial.

“En esta (última sede) es de hace dos semanas, incluso todavía está por terminar la cuarentena (…) precisamente por brotes en un número considerable de funcionarios que nos obligan a tomar esa determinación”.

El magistrado presidente indicó que esta situación y toda la pandemia les ha traído retos importantes, como la atención y la lentitud con la que avanzan los trámites judiciales.

“Me estaban diciendo los jueces que tienen audiencias fijadas hasta enero ya, por la situación de los meses que duramos sin atención al público, se acumularon muchas peticiones de audiencias, se difirieron para esos meses, ya había programadas”.

Añadió que el simple hecho de no permitir el acceso masivo o sin control de todas las personas también ha implicado para los abogados y para el STJE que la consulta de expedientes no sea como se hacía anteriormente, en un mostrador donde se acumulaban hasta 10 personas, lo que también ha retrasado el trabajo.

“Lo que estamos buscando es la manera de hacer eficiente ese servicio, a través de la utilización de tecnologías de la información, tenemos la limitación, por ejemplo, de que no podemos notificar o de que no podemos hacer comunicaciones vía correo, porque la Ley así lo establece, entonces estamos buscando la manera de acreditar mediante un acuerdo, en el expediente, que los abogados nos faciliten un correo electrónico, que manifiesten que es auténtico y que a través de él autoricen que se les mande información que soliciten”.

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