Cinco millones de personas más en el continente entraron en la pobreza extrema en 2021, que ya ha alcanzado los 86 millones. Mientras que se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido levemente, del 33.0% al 32.1% de la población, situándose en los 201 millones.
La crisis sanitaria permanece vigente y América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo en esta pandemia. Esa crisis de salud se ha convertido en una crisis social, llevando la tasa de pobreza extrema en América Latina del 13.1% de la población en 2020 al 13.8% en 2021, un retroceso de 27 años, informó este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema habría pasado de 81 a 86 millones.
Mientras se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido levemente, del 33.0% al 32.1% de la población, bajando ligeramente el número total de personas en situación de pobreza de 204 a 201 millones.
Los mayores incrementos de la pobreza tuvieron lugar en Argentina, Colombia y Perú, donde alcanzaron o excedieron los 7 puntos porcentuales. En Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay creció entre 3 y 5 puntos porcentuales y en Bolivia, México y la República Dominicana, creció menos de 2 puntos porcentuales. El único país de la región que experimentó una disminución de la pobreza y la pobreza extrema en 2020 fue Brasil.
“Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social. La crisis también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en que vive buena parte de la población en los estratos de ingresos medios, caracterizados por bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva”, señala el informe anual Panorama Social de América Latina 2021.
El aumento de la pobreza extrema es “consecuencia de una reducción de las transferencias de ingresos de emergencia en algunos países, que no alcanzaría a ser compensada por el incremento esperado de los ingresos del empleo”.
30 años de retroceso
En Arequipa, lejos de los vertederos, estas mujeres peruanas, apoyadas por la Iniciativa Pobreza y Medio Ambiente se han convertido en promotoras de una cultura del reciclaje que muestra cómo los residuos también tienen oportunidades de desarrollo.
Según el informe, la región experimentó una notoria regresión en su lucha contra la pobreza en 2020 por causa de la pandemia. Tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo. En 2020, la pobreza extrema se elevó a niveles registrados 27 años atrás, mientras que la tasa de pobreza general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de 2000.
En el estudio, la CEPAL indica que en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez. Asimismo, al examinar distintos índices, entre ellos el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se constató un aumento de esta.
De acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, la pobreza habría sido mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las transferencias de ingresos de emergencia. La pobreza extrema habría sido alrededor de 1.8 puntos porcentuales más alta, y la pobreza general habría sido 2.9 puntos porcentuales más elevada en promedio en siete países.
Pese a lo anterior, el Panorama Social 2021 consigna que en los últimos 10 meses de 2020 las transferencias de emergencia anunciadas por los países para paliar el efecto de la crisis representaron un gasto de 89.700 millones de dólares, mientras que en los primeros diez meses de 2021 el gasto anunciado en estas medidas fue la mitad: 45.300 millones de dólares.
“La ‘recuperación’ económica de 2021, que causó cierta euforia en algunos países, no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la pandemia, estrechamente vinculados a la desigualdad de ingreso y género, a la pobreza, a la informalidad y a la vulnerabilidad en que vive la población”, declaró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien llamó a mantener las transferencias monetarias de emergencia en 2022 o hasta que la crisis sanitaria esté controlada.
Aumento de la desigualdad también
El documento sostiene que la desigualdad incrementó entre 2019 y 2020, con lo que se quebró una tendencia decreciente que venía observándose desde 2002. El Coeficiente de Gini —utilizado internacionalmente para medir la distribución del ingreso— aumentó en 0,7 puntos porcentuales para el promedio regional entre 2019 y 2020. Este deterioro tiene relación directa con las repercusiones de la pandemia.
América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que lleva más tiempo de interrupción de clases presenciales, en promedio cerca de 56 semanas de interrupción total o parcial, lo que ha generado brechas en el desarrollo de habilidades cognitivas, la pérdida de oportunidades de aprendizaje y el riesgo de aumento del abandono escolar.
Ese cierre escolar ha impactado sobre la sobrecarga de las tareas de cuidado de las mujeres. Por ello, el retorno seguro a clases presenciales es urgente en 2022, subraya la comisión regional de las Naciones Unidas.
No habrá recuperación económica si no se controla la pandemia
Una mujer indígena recibe la vacuna contra el COVID-19 en Colombia.
En el estudio, la CEPAL recalca que sin control de la crisis sanitaria la recuperación económica no será sostenible, y advierte que América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo ante el COVID-19.
La región presenta el mayor número de defunciones informadas por COVID-19 a nivel global (1.562.845 hasta el 31 de diciembre de 2021), cifra que seguirá creciendo mientras la pandemia persista. Estas representan el 28,8% del total de defunciones por COVID-19 notificadas en el mundo, pese a que la población de la región apenas asciende al 8,4% de la población mundial.
A 26 de enero de 2022, el 62,3% de la población de América Latina y el Caribe (en torno a 408 millones de personas) contaba con una pauta completa de vacunación, por lo que la CEPAL hace un llamado a incrementar los esfuerzos, de tal manera que a mediados de 2022 todos los países de la región hayan vacunado al 70% de su población con el esquema completo.
Para alcanzar dicho objetivo, apunta la Comisión, urge fortalecer los programas de compra de vacunas y los mecanismos de cooperación y coordinación regional, en línea con el Plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe aprobado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y elaborado por la CEPAL.
“La pandemia es una oportunidad histórica para construir un nuevo pacto social que brinde protección, certidumbre y confianza. Un nuevo contrato social debe avanzar y fortalecer la institucionalidad de los sistemas de protección social y promover que estos sean universales, integrales, sostenibles y resilientes. Vienen años de menor crecimiento económico y, si no se mantienen los esfuerzos para proteger el bienestar de la población, serán mayores los aumentos en pobreza y desigualdad en la región”, declaró Alicia Bárcena.
Un nuevo contrato sobre fiscalidad
Un pacto social requiere de un nuevo contrato fiscal con progresividad, acompañado de objetivos muy concretos, como darle sostenibilidad financiera a una protección social universal y con niveles de suficiencia adecuados que incluya al conjunto de la población, apuntó.
También urge reestructurar los sistemas de salud, avanzar hacia una cobertura universal, con atención oportuna y de calidad para toda la población, y que el Estado actúe como garante del derecho a la salud.
Finalmente, el informe aborda la propuesta de la CEPAL de transitar hacia una sociedad del cuidado, que supone reconocer que los cuidados son una necesidad universal y a la vez expresan diversidades estructurales como el ciclo de la vida, las condiciones físicas, las condiciones socioeconómicas y de ingresos y las diferencias territoriales. “La universalidad, la coordinación interinstitucional e intersectorial, la corresponsabilidad y la sostenibilidad financiera constituyen pilares fundamentales de las políticas integrales de cuidados que precisa la región”, concluye el documento.
