Por Carlos Orozco Galeana
Una de las situaciones más crueles de México es la de ver cómo, durante los últimos años, a medida que el país ha estado envuelto en una violencia ilimitada, cientos de familias a lo largo del territorio, arriesgando su integridad en medio del dolor y con esperanzas menguadas a medida que corre el tiempo sin tener éxito en sus propósitos y frente a la impiedad de la delincuencia organizada, insisten en la búsqueda de justicia ante la desaparición de familiares y la inoperancia de un Estado que olvidó sus obligaciones y ha guardado silencio.
El hallazgo y la identificación de las cientos de miles de víctimas, principalmente de la guerra contra el narcotráfico, se ha vuelto, efectivamente, como el aplazamiento más incómodo. Con la intención de atender la crisis forense que atraviesa el país, con morgues colapsadas de cuerpos sin reconocer (recuérdese el traíler “turístico” en Guadalajara, que viajó varios días trayendo centenares de cuerpos dentro), el Gobierno de México ha propuesto crear el Centro Nacional de Identificación Humana.
En los anfiteatros de la mayoría de entidades, se amontonan los cadáveres de personas de las que se desconoce su identidad por no ser oriundos del lugar donde perdieron la vida y por el avance lento de las averiguaciones de los ministerios públicos. No hay entidad donde no hayan colapsado los lugares donde colocan a los muertos, causando horrores sanitarios. Eso se traduce en problemas críticos que dan pauta de la pudrición que vivimos.
El proyecto para modificar la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, enviado al Congreso por Presidencia, asegura que “es una prioridad del Ejecutivo la búsqueda de los desaparecidos o la identificación de sus restos óseos en caso de que se encuentren sin vida”. Datos: México contaba en noviembre del año pasado con 95.000 personas oficialmente registradas como desaparecidas, de acuerdo al último recuento realizado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Más de 21,500 de ese total desaparecieron durante el sexenio actual, de ahí la iniciativa enviada al Congreso para crear “centros de identificación de personas desaparecidas con toda la tecnología, con todo el avance científico. Es algo que va a ayudar mucho en la búsqueda de desaparecidos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, por su parte, explica las deficiencias del sistema actual: “La crisis forense se expresa en la falta de infraestructura adecuada, suficiente y óptima para el desarrollo de pruebas periciales, en la escasez de personal especializado, en recursos limitados; en la falta de criterios homologados para la conservación de los cuerpos; en el desconocimiento de la normatividad aplicable en la materia, y en la insuficiencia de cementerios forenses”.
Ese proyecto “será capaz de crear un sistema forense enfocado en la identificación masiva de cuerpos que puedan ser recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. La propuesta además es conectar la información disponible en las fiscalías y comisiones de la verdad de los diferentes Estados y ponerla a disposición del resto”.
Es clara la urgencia de que México debe modernizar sus instituciones vinculadas al sistema de justicia. Es grande el dolor humano que se provoca a las familias víctimas de personas que desaparecieron sin dejar rastro alguno pero respecto a las cuales hay la certeza de que en un gran porcentaje perdieron la vida a manos de criminales. Muchas familias están padeciendo la indiferencia de autoridades que ni sudan ni se acongojan al ver cómo las familias andan por todos lados, en lugares inhóspitos, buscando rastros que los lleven a encontrar a los suyos desaparecidos para, el menos, darles cristiana sepultura.
El Estado se ha visto, pues, rebasado por esa alta incidencia. A problemas presupuestales, se ha agregado la negligencia de autoridades que se hacen de la vista gorda y rehúyen dar el auxilio requerido a grupos y organizaciones – de mujeres, principalmente, que no se dan por vencidas y quieren saber qué pasó con sus familiares desaparecidos. La corrupción también está allí, fulgurante, en fiscalías y otras dependencias, con el agravante de que los dirigentes de organizaciones que pugnan por el esclarecimiento de las desapariciones (caso Maricela Escobedo), se exponen a represalias de los criminales. Es obvio que si estos impiden las acciones de búsqueda, la justicia tardará más tiempo en llegar o no llegará jamás
Frente a este tema, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y las demás fuerzas políticas podrán interesarse en un asunto prioritario que causa mucho dolor a los mexicanos. Ahí sí, que le “echen bola”, que se pongan de acuerdo por una sola vez aunque sea y procedan a dar su voto en favor de la creación de ese Centro nacional de identificación humana que permita alcanzar la justicia rápida en el esclarecimiento de identidades de personas con eficacia tal que la credibilidad de las investigaciones no deje lugar a dudas. Pero es pertinente advertir que sin voluntad política de los gobiernos no bastará contar con una estructura burocrática como la que se pretende crear para llevar la paz a tantas familias destrozadas por la pérdida de sus seres queridos.
