Por Carlos Orozco Galeana
Si hay lacras en nuestro México que nos reducen como país moderno, más productivo y consolidado es la corrupción, que viaja en primera clase con su hermana la impunidad pues son inseparables.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, lleva años refiriéndose a ella como una gran calamidad que no nos deja crecer como país, a desemejanza de otros países que antes estaban peor que el nuestro en ese tema pero que hoy nos superan en métodos democráticos, en productividad y en eficacia de su estado de derecho.
Los últimos tiempos, se han multiplicado estudios sobre esa noción y en casi todos México aparece en los primeros lugares, al mismo nivel que países africanos y caribeños. Y no es para menos, se habla mucho de corrupción, se condena públicamente a personajes partícipes en gobiernos anteriores, pero ni un pez gordo pisa la cárcel. Es más, algunos de esos desvergonzados hasta comen en restaurantes de lujo a pesar de que traen, según eso, pulseras electrónicas o collares para ser localizados de inmediato.
El Indice global de impunidad 2020, que publica anualmente resultados, ha medido este fenómeno a partir de las dimensiones estructural, funcional y de derechos humanos tanto dentro de los sistemas de seguridad como de justicia. Bajo esta medición, incluye indicadores como policías por cada 100 mil habitantes, personas frente a tribunales entre el número de fiscales y de jueces, el porcentaje de personas encarceladas sin sentencia, mediciones sobre personal de reclusorio e, incluso, datos sobre protección del derecho de integridad de las personas.
La impunidad, según la ONU, constituye “una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones.”
En este caso, como víctimas, hay numerosas entidades del país, que han sido saqueadas por gobernadores nada honorables y que son , de paso, paraísos del crimen organizado por desidia o contubernio oficial; se convirtieron, la mayoría de ellos, en juez y parte en los negocios con proveedores e inversionistas,, otorgaron obras sin licitaciones, dejaron de pagar a las burocracias, crearon empresas tan luego comenzaron a ejercer el poder, se rodearon de incondicionales que en complot con ellos ejecutaron obras cuyos presupuestos se elevaron increíblemente (hasta 5 veces sobre el costo inicial) e incluso, en su cinismo, se dieron el lujo de ocultar datos en los trámites de entrega – recepción sabiendo que no pasaría nada si les “escondían la bolita” a los auditores.
Respecto a Colima, y tras anunciar que se calcula una deuda estatal de más de $8 mil millones de pesos, incluyendo cerca de $2 mil millones de pesos en el monto general del déficit público, su gobernadora electa tocó el aspecto de la impunidad e indicó que en 20 días termina el régimen que ha afectado a “Nuestra Colima”, el cual “será investigado a profundidad”, recalcando que “no habrá impunidad”. Este ofrecimiento es música de Paganini para los oídos de todos o de Schubert si se prefiere.
Los colimenses merecemos respeto del poder omnímodo y traicionero. Ese anuncio es como el ofrecimiento de la gloria en la tierra. A Indira Vizcaíno se le está identificando como la esperanza viviente de que en Colima ahora sí habrá justicia y se castigará a quienes hayan cometido delitos. Veremos y diremos.
Fue más allá la gobernadora electa: las cuentas de banco del gobierno estatal se encuentran en ceros, debido a que presupuestalmente el gobierno saliente decidió generar la idea de ingresar un total de 800 millones de pesos y aun sin tenerlos decidieron gastarlos (Colima Noticias). O sea, nos encueraron.
“Tenemos un compromiso firme con los colimenses de hacer una revisión profunda de las finanzas que guarda el estado. Esto no significa que vaya a haber impunidad o protección, haremos la revisión pertinente una vez que asumamos el gobierno se informará de todos los hallazgos que estaremos encontrando”, dijo. Es deseable que a Indira no le tiemble la mano llegado el momento de las decisiones.
Porque históricamente, ese tipo de ofrecimientos de los gobernadores entrantes de investigar a sus antecesores y llevarlos a la justicia han quedado en nada, en declaraciones para las tribunas, para que la gente descargue su rabia en parte porque sabe que en un sexenio de gobierno salen “comaladas” de funcionarios enriquecidos, con inversiones en paraísos fiscales, con ranchos y casas grandes y chicas por doquier tanto en México como en el extranjero, con franquicias por allá y por acá.
Yo no tengo duda que con tantito y que le busquen brotará la pus del cuerpo oficial. Se averiguará que no hubo el afán de servicio a Colima pregonado en campaña; se sabrá que nadie vivió feliz y seguro, que no se combatió la pobreza y que, en cambio, un número indeterminado de funcionarios acabó con la suya y la de su descendencia, para siempre.. . .
