Colima.- Álvaro Vizcaíno Zamora, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) defendió en Colima el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Es el mismo sistema que ha generado gran inconformidad en la población debido a que facilita la liberación de presuntos delincuentes por favorecer el respeto a los derechos humanos.
“A mí me parece que el sistema de justicia penal que tenemos es un mejor sistema que el que había hace nueve años, es un sistema de justicia más transparente, menos costoso, más rápido, más eficiente, permite que se repare el daño más pronto a las víctimas del delito”.
El licenciado en derecho y maestro en comunicación social, asegura que las modificaciones que se pretenden hacer a este sistema para disminuir la inconformidad generada, no representan una contrarreforma.
Estos cambios podrían incluir la prisión preventiva oficiosa para quienes se acuse de portación o acopio de arma, y robo de hidrocarburos.
“Una contrarreforma sería tocar la Constitución, nadie pretende tocar a la Constitución, me parece que mientras se respeten los principios constitucionales del sistema penal acusatorio, mientras no se toque fundamentalmente el artículo 20 constitucional ni los otros 10 artículos que fueron reformados en el 2008, no se podría pensar en una contrarreforma”.
Los países latinoamericanos en que se ha implementado este sistema, subrayó, han requerido modificaciones posteriores a leyes secundarias.
Él mismo se manifestó a favor de que ello ocurra en México y de que se continúe capacitando al personal encargado de aplicar el nuevo sistema de justicia.
Parte fundamental para evitar la liberación de presuntos delincuentes, es que las Unidades de Medidas Cautelares hagan su trabajo correctamente. Estas se encargan de informar los riesgos de que un presunto delincuente se escape de la justicia o reincida en el delito.
“Con estos informes que elaboran las Unidades de Medidas Cautelares los jueces puedan tomar las mejores decisiones respecto de autorizar prisión preventiva o no”.
Cuestionado sobre la demanda en capacitación para el personal que aplica el sistema, informó que el Gobierno Federal ha derivado más de mil millones de pesos este año para seguridad, de los cuales “un porcentaje importante” va para la capacitación de policías.
Se trata de cursos obligatorios de 40 horas como mínimo que este año deben tomar todos los policías del país, y que fueron diseñados en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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