APUNTES PARA EL FUTURO
Por: Essaú LOPVI
En un contexto de polarización política y de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en México, los recientes señalamientos de jueces y magistrados sobre el exorbitante costo de la elección judicial de 2025 deben ser motivo de profunda reflexión.
Más de 13 mil millones de pesos destinados a elegir jueces contrasta con los recursos limitados asignados a sectores esenciales como la educación, la salud y la seguridad de las mujeres. Es un claro desequilibrio en la priorización de los recursos públicos.
Pero el tema va más allá de lo presupuestario. La noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a jueces y magistrados por haber otorgado suspensiones contra la reforma judicial enciende serias alarmas.
Hoy, más que nunca, en tiempos en que la democracia mexicana enfrenta grandes desafíos, respetar y defender la independencia judicial no es solo una obligación con la Ley: es un compromiso fundamental con el futuro de la nación y con la historia democrática del país.
En cualquier democracia funcional, el sistema de justicia debe operar sin presiones o vigilancia indebida por parte del poder, especialmente en el caso de suspensiones que son una salvaguarda temporal mientras se resuelve un caso. Esto no es un acto de rebeldía ni de resistencia política; es un derecho legal del ciudadano y una obligación procesal de los jueces, no una cuestión de lealtades políticas.
Para los jueces, otorgar suspensiones no es un delito. Es una parte ineludible de su trabajo, una protección temporal para los ciudadanos frente a posibles abusos de autoridad. Que el Estado investiga penalmente a quienes ejercen esta facultad no solo vulnera su independencia, sino que envía un mensaje profundamente preocupante sobre el estado de la justicia en México.
A esto se suma el ya complejo entorno que enfrenta el Poder Judicial. Ser juez o magistrado en México no solo conlleva la carga de críticas sociales, muchas veces injustas o malinterpretadas, sino que también supone un riesgo real a su seguridad personal y familiar ante las amenazas constantes del crimen organizado.
Los jueces están ya entre dos fuegos, buscando defender el Estado de Derecho bajo un riesgo real para sus vidas. Ahora, sin embargo, se encuentran en la situación paradójica de ser perseguidos también por el propio Estado por ejercer su mandato constitucional y afectar los intereses de un régimen en el poder que intenta debilitar su autonomía.
La presión política a la que hoy se somete al Poder Judicial en México erosiona los cimientos de un sistema democrático. En medio de una disputa de poder donde el Ejecutivo y su mayoría en el Congreso buscan modificar la estructura judicial a través de reformas, recortes presupuestarios y amenazas veladas, los jueces y magistrados quedan en el ojo de una tormenta de intereses políticos. Si se comienza a investigar a jueces por decisiones que contrarían al gobierno, el mensaje es claro: la justicia se doblega ante el miedo, la amenaza y el control.
Los jueces y magistrados han sido enfáticos en que cualquier decisión judicial puede ser revisada por instancias superiores, lo que permite la corrección de fallos sin la intervención punitiva de las autoridades. Sin embargo, si se crea el precedente de que cada juez pueda ser investigado por decisiones que afectan al gobierno, la justicia se vuelve un terreno de miedo, no de imparcialidad.
La independencia judicial se disuelve, y con ella el derecho de cada mexicano a ser defendido ya recurrir al amparo judicial ante cualquier acto que atente contra sus derechos. Un Poder Judicial amenazado es un Poder Judicial debilitado. Los jueces no deben temer cumplir con su función.
