“México es un país que no le invierte a la economía del conocimiento; sigue siendo un país que vende productos; sin embargo, lo que hace no se protege, y por lo tanto no se puede vender, pues no nos lo apropiamos”, señaló la experta del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), Norma Angélica Ayala Martínez, al dictar la conferencia “Importancia del Sistema de propiedad industrial para la protección de invenciones”, que impartió para celebrar el Día del Inventor Mexicano.
Norma Angélica Ayala comentó que las universidades producen conocimiento que genera tecnologías; sin embargo, dijo que en México éste no se protege, motivo por el cual no se puede vender: “México es un país altruista porque regalamos nuestro conocimiento y tecnología; esto se refleja en el desarrollo de nuestro país”.
Dijo que el IMPI protege signos distintivos (marcas y denominaciones de origen) e invenciones (patente, modelo de utilidad y diseño). Los inventos, señaló, “son toda creación humana que transforma la materia o la energía y resuelve un problema técnico; por ejemplo una máquina, un producto o un proceso”.
La experta expuso que para inventar es necesario detectar un problema y trabajar creativamente para solucionarlo con una propuesta tecnológica inventiva; “muchas veces, en los centros de investigación de las universidades, este procedimiento no se lleva a cabo porque las líneas de investigación no surgen de una necesidad concreta”.
“Para que un invento encuentre un área de oportunidad, se necesita observar qué necesita México y el mundo en salud, electrónica, etc., y resolver los problemas con una invención; entonces, muy probablemente ese invento sí se pueda colocar en el mercado”, continuó.
Resaltó que si un invento no está protegido, no tiene valor legal; “a esto me refiero cuando digo que hay que apropiarnos nuestros conocimientos”.
Norma Angélica Ayala señaló que si una universidad quiere vender un invento que desarrolló, es necesario disponer de una patente; esto es, del registro del modelo de utilidad, pues de lo contrario dicha tecnología es de dominio público y nadie tendría por qué comprarla: “Por esta razón es necesario proteger y después vender”.
Las universidades, dijo, antes de iniciar un proyecto de investigación deben buscar información tecnológica, misma que proporcionará las directrices para establecer una patente; “una universidad que no protege sus aportaciones deja de crecer y de abonar nacionalmente al país”, subrayó.
Finalmente, comentó que sería muy bueno que las universidades tuvieran una patente para que ésta les brinde recursos económicos destinados a continuar desarrollando proyectos sin depender de CONACYT. BP