“Será indispensable que el Congreso de la Unión también dictamine y, en su caso, apruebe la minuta de reforma al artículo 73 constitucional aún pendiente y que responde a una iniciativa previa para darle facultades constitucionales al Congreso de expedir una ley general en esta materia de víctimas”, explicó la noche de este jueves Calderón en Los Pinos.
El Presidente devolvió a los legisladores una ley de víctimas con observaciones, pero no le fueron aceptadas. Ante el diferendo, Calderón recurrió a la controversia constitucional.
El enredo jurídico se acrecentó porque esta semana el Senado contrademandó (demanda reconvencional, se llama en términos jurídicos) a Calderón ante la Corte.
En un mensaje en Los Pinos, dijo que la nueva iniciativa fue concebida porque es urgente un marco que proteja a las víctimas del delito.
Para “subsanar” las “inconsistencias de carácter constitucional”, señaló.
En la nueva iniciativa, Calderón propone el establecimiento de una adecuada coordinación entre los diversos órdenes de gobierno, y que en su opinión no contenía la que hoy está en litigio en la Corte.
En su nuevo planteamiento propone que sea compartida la responsabilidad entre los diversos órdenes de gobierno para desarrollar nuevas capacidades institucionales para proveer a las víctimas de ayuda básica, desde atención médica, psicológica, jurídica y social; obliga a un trato digno y respetuoso, conocer toda la verdad sobre los hechos delictivos de que fueron objeto; proteger adecuadamente su identidad, su seguridad y sus datos personales.
La calidad de la víctima no debe ser condicionada a la identificación, aprehensión, procesamiento o condena del autor o autores del delito, y dicho reconocimiento abarca a jueces, órganos jurisdiccionales internacionales y procuradurías de atención a víctimas.
Se crea la Conferencia Nacional de Atención a Víctimas para replicar en todo el país el esquema federal de protección; propone que los delincuentes reparen el daño y lleva esa obligación a aquella autoridad que haya violado también los derechos de una víctima, que incluye no sólo lo económico, sino también el reconocimiento público de su dignidad y honor.
Se prevé crear 33 fondos de apoyo con recursos federales, estatales y aportaciones privadas. Y se propone instaurar el registro nacional de víctimas, además de que las procuradurías sociales federal y de los estados integren consejos ciudadanos.
Con información del Universal
