por Héctor Romero Fierro //
Increíble que la Policía Municipal de Guadalajara se dedique, en lugar de perseguir verdaderos delincuentes como es su función, a realizar impresionantes operativos contra “aparta-lugares” en la Colonia Providencia, incluso en una esquina, frente a un restaurante que no cuenta con Valet Parking, donde, contrario al resto de la zona, no hay ningún robo gracias a estas personas.
En días pasados robaron a un cliente afuera del banco situado en Pablo Neruda y Rubén Darío y la policía tardó casi una hora en llegar, pero al operativo para detener a un peligrosísimo delincuente armado hasta los dientes (con cubeta, agua y jabón), llevaron como diez vehículos, “perros policía”, además de un iluminado jefe inspector que quería llevarse “como prueba”, un vehículo de un particular, pero además, la zona esta infestada de “inspectores viales” que con cualquier excusa te imponen multas altísimas a los vehículos, (mismas que anula siempre el TAE). ¿Así intentara la reelección Ismael del Toro? Además, sus encuestas telefónicas en horas inconvenientes solo irritan al ciudadano.
Abogados reprueban a corte
Impecables los pronunciamientos de los principales colegios de abogados a nivel nacional, me refiero a la “Asociación Nacional de Abogados de Empresa” (ANADE), Barra Mexicana de Abogados (BMA), y el Ilustre Colegio Nacional. Organizaciones profesionales que agrupan a la gran mayoría de abogados reconocidos de nuestro país, coincidieron en reprobar el voto mayoritario de los ministros de la Corte en relación a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.
ANADE señaló que en su actuar “pasaron por alto implicaciones materiales, lógicas y jurídicas que la consulta tendrá en las condiciones institucionales”, agregando, además, que esa errónea decisión judicial no consideró hechos notorios relevantes para el caso, pasando por alto que la materia de la consulta permite resultados que impactarán directa o indirectamente en los procesos de decisión de quienes intervendrán directa o indirectamente en esclarecimiento, investigación, persecución y sanción de los actores políticos correspondientes, ya que los resultados de la consulta tienen el potencial de distorsionar las condiciones de objetividad e imparcialidad que deben regir la actuación de los servidores públicos como garantía de los derechos fundamentales de presunción de inocencia.
La BMA, tajantemente manifestó que la Corte “decidió cambiar la constitucionalidad por la popularidad”. El voto de la mayoría de los ministros deja en el suelo la necesaria división de poderes, pisotea nuestro Estado de derecho y pudiera ser un riesgo para la endeble democracia de nuestro país.
Los endebles argumentos de la mayoría de ministros reflejan la sumisión a los deseos del Presidente. En particular, el ministro presidente Arturo Zaldivar, se justificó señalando que el voto de los ministros obedeció a la constitucionalidad de la consulta, pero acabaron redactando la pregunta en forma tal que es completamente inocua; la Suprema Corte, sin facultad alguna, la modificó por el voto de ocho ministros, para quedar de esta manera:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Recordemos que la pregunta enviada por el presidente expresamente se refería a los expresidentes, mencionándolos por nombre y apellido. Es claro que la votación a dicha consulta será contundente, por el sí, pero apegados al marco constitucional no podrán procesar penalmente a ningún expresidente, más bien lo que pudiera darse sería un linchamiento popular.
Desde mi punto de vista los ministros se excedieron, ya que de conformidad con el artículo 35 constitucional la labor de la Suprema Corte solo debía ser el “resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”, incluyendo obviamente la pregunta formulada por MALO, discusión que debió terminar al calificar, como proponía el ministro ponente, la inconstitucionalidad de la pregunta enviada por el Ejecutivo, sin formular otra, totalmente ajena a la original. Inclusive, la Ministra Piña concluyó que no le corresponde a la Suprema Corte, como órgano del Estado, “redefinir e intervenir en la voluntad ciudadana (…) frontalmente contrario a la finalidad de la democracia participativa”.
Debemos felicitar a los ministros Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, y Norma Piña, ya que dieron clases de congruencia y derecho al resto de integrantes del máximo tribunal; soportaron con argumentos jurídicos de fondo el declarar la inconstitucionalidad del proceder del Presidente.
Siguió diciendo la ministra Piña: “Mi responsabilidad hoy determinar sobre la constitucionalidad de la pregunta en cuestión, mi obligación constitucional es votar por cumplir con mi deber. No ceder a más presiones que de las que provienen de mi mandato como jueza.
Los jueces constitucionales no somos nombrados para tener popularidad, nosotros no. Nunca el Poder Judicial, nunca las fiscalías. La SCJN tiene que garantizar la Constitución y los derechos humanos, aun en contra de las mayorías”. Desde esta semana la ministra Piña tiene millones de admiradores por un simple motivo, dijo de frente lo que los otros ocho ministros no pudieron decir, solo porque insisto, estos prefirieron quedar bien con López sobre su labor constitucional.
Pero para desgracia del Presidente “su consulta” no se realizará el mismo día de la próxima elección por lo que el efecto electoral que él buscaba, más el texto modificado de la pregunta, en nada beneficiaran a MALO y sus candidatos a la Cámara de Diputados; consulta que se estima tendrá un costo de 8 mil millones de pesos.
Amigo lector, en esta época donde no hay dinero para los tratamientos de niños con cáncer, o para la atención de la contingencia sanitaria o potenciales emergencias del Estado, ¿se justifica que el Presidente despilfarre tal cantidad de dinero en un show electoral, que no es necesario? Si se tienen pruebas en contra de los expresidentes, como contra cualquier otro delincuente, pues que las presenten ante la FGR, de lo contrario que evite el ridículo el señor López.
