Ciudad de México.- Las víctimas del delito son el eslabón más débil de la cadena de justicia, pero el déficit de asesores jurídicos para su atención pone en riesgo su representación en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, así se destacó en la segunda jornada del foro que sobre el tema organizaron las comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales y Reforma del Estado.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT, refirió que la función primordial del Estado es garantizar la seguridad de sus habitantes, pero las condiciones en las que se encuentran las víctimas del delito en México “ponen en entredicho la eficiencia de este Estado”.
Señaló que se está en este escenario de violencia generalizada por deficiencias y errores graves que se cometieron en la estrategia de seguridad y si no se tiene cuidado con este tipo de temas el Sistema Penal Acusatorio será “la coartada” para justificar cualquier ineptitud y ante cualquier limitación en materia de seguridad se señalará al modelo.
Jaime Rochín del Rincón afirmó que “las víctimas siguen siendo el eslabón más débil en la cadena de justicia” y el número de asesores jurídicos en el país es insuficiente para garantizar el derecho a la asesoría jurídica de este sector, como lo establece la Constitución, la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El consejero ejecutivo de Atención a Víctimas dijo que, de acuerdo con el marco legal, se requieren un mínimo de 4 mil 13 asesores jurídicos a nivel nacional, pero sólo se tienen 680 en todo el país, de los cuales únicamente 612 cuentan con nombramiento oficial, por lo que “nos enfrentamos a un déficit de tres mil 333 asesores jurídicos”.
Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hizo notar que la falta de preparación de Ministerios Públicos, consultores técnicos y de policías en la cadena de custodia “puede ocasionar que no exista equilibrio procesal entre las partes”.
Además, dijo, es importante la instalación, en todas las entidades federativas y en sus respectivas normatividades, de las comisiones de atención a víctimas para garantizar el número suficiente de asesores jurídicos.
“La profesionalización y capacitación de los operadores del Sistema –asentó– es lo que permitirá el éxito del mismo”.
Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló: “el problema no es el Nuevo Sistema Penal Acusatorio son los vicios del pasado, las interpretaciones machistas y misóginas del derecho para favorecer al delincuente, más que para proteger a la víctima y garantizar una efectiva reparación del daño”.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, expresó: “hoy, después de tanto dinero mal gastado, nos vienen a decir que no están capacitados los policías y los Ministerios Públicos, pero tampoco han sido invitados a ningún foro” y no se permite saber cuáles son sus necesidades y problemáticas, ellos son parte del Sistema y han sido ignorados”.
“Las víctimas no somos ciudadanos de segunda, el Sistema no las está tomando en cuenta en los procesos, no les brinda las medidas de protección que se requiere, muchas mueren en el intento de buscar justicia y a otras nos amenazan para que dejemos de actuar en el proceso”.
En las últimas mesas: “La defensa adecuada y la tutela judicial en el procedimiento penal y “El juicio de amparo desde la óptica del procedimiento penal acusatorio”, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, dijo que las comisiones del Senado de la República retomarán cada uno de las inquietudes de los ponentes.
Lo que pretendemos, asentó la senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, es avanzar en la consolidación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, “revisar aquellas cosas que tengamos que corregir como órgano legislativo, sin que por ningún motivo esto implique un retroceso a lo logrado”.
En su exposición, Constancio Carrasco Daza, director general de Enlace de los Poderes Federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que para que el Nuevo Sistema Penal funcione a plenitud, una de las tareas esenciales de las autoridades es encontrar los mecanismos para llevar a juicio a quienes gozan de impunidad.
Pablo Héctor González Villalobos, magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, asentó que, si queremos aspirar a un verdadero modelo de justicia decoroso, propio de un sistema democrático, se requiere fortalecer a los jueces de primera instancia y “adelgazar la posibilidad de revisión” de los procedimientos.
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