En América Latina las ciudades se han expandido de manera significativa en las periferias, donde millones de viviendas se han edificado bajo una política económica que privilegia criterios financieros y no sociales, afirmó Alicia Ziccardi, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.

En consecuencia, la gente reside en inmuebles pequeños y desperdician horas de su vida en los traslados a sus centros laborales o escuelas; además, los altos costos del transporte y servicios básicos afectan el presupuesto familiar, precisó durante el III seminario internacional “Desigualdades urbanas, derecho a la unidad y gobernanza local en las ciudades de América Latina”.

En tanto, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indicó que “en la región persisten barreras para alcanzar el cumplimiento del derecho a la ciudad, que implica el derecho a participar y a habitar en urbes inclusivas, con servicios de calidad para todos”.

Ziccardi, quien estuvo acompañada por Miguel Armando López, director del IIS, resaltó que otro factor en contra es que los espacios públicos y equipamientos no son acordes a las necesidades de niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

La también coordinadora del encuentro expuso que las periferias, donde el suelo es barato, se han destinado a atender las demandas de los sectores de menores ingresos; ahí se producen viviendas “sin ciudad”: muy distantes de la estructura urbana. “Pero no han sido edificadas bajo una política social, sino económica, que privilegia criterios financieros para que los desarrolladores obtengan mayores ganancias”.

En su oportunidad, Bárcena subrayó que en muchos países latinoamericanos hay brechas considerables entre los segmentos más ricos y los más pobres con respecto al acceso a servicios básicos como agua, saneamiento o electricidad.

La desigualdad urbana se manifiesta en la segregación residencial socioeconómica y en la persistencia de la urbanización informal; ejemplo de ello es que uno de cada cinco latinos caribeños que habitan en las ciudades viven en tugurios, resaltó.

Pablo Yanes, también de la CEPAL, comentó que el compromiso de este organismo es acompañar en los procesos encaminados a traducir la producción de conocimiento en políticas públicas, cambios de rumbo de nuestros países y conciencia sobre las desigualdades y formas de exclusión.

Por su parte, Manuel Dammert, coordinador del Grupo de Trabajo Desigualdades Urbanas (GTDU) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), enfatizó que el objetivo del encuentro fue contribuir a la consolidación de una comunidad académica y una plataforma de intercambio en la región.

Participaron el Proyecto DGPA “Las políticas sociales de México (2000-2018). Derechos Constitucionales y Arquitectura Institucional”; la CEPAL; el GTDU y la Pontificia Universidad Católica del Perú.