La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves, refiere el Informe de la Organización no Gubernamental WOLA (Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos): Justicia olvidada – La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México.
La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente.
«Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México».
El informe analiza los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados mexicanos, los casos que han sido investigados y sancionados en el sistema de justicia civil y los que permanecen sin castigo.
«Han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia», dice el documento.
«El fortalecimiento de instituciones civiles como la policía y el Ministerio Público se ha dejado en segundo plano. Estados Unidos también apoyó este enfoque durante los primeros años de la asistencia en materia de seguridad a México, pues a través de la Iniciativa Mérida una parte significativa de los recursos se destinaron a las fuerzas armadas mexicanas».
Se menciona que la seguridad militarizada ha tenido un impacto negativo en el sistema de justicia de México; el sistema de justicia civil enfrenta retos—incluyendo acciones relacionadas con las autoridades militares que han llegado a impedir o retrasar las investigaciones—para que las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados se castiguen.
«Las investigaciones civiles son la única posibilidad de justicia y verdad para las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados y por ello la mayor apuesta de las autoridades debería ser fortalecer el sistema de justicia civil. Actualmente pasa lo contrario: la amenaza de aprobar leyes—como una Ley de Seguridad Interior que validaría la participación militar en la seguridad pública—que debiliten el sistema de justicia civil y otras reformas que serían un retroceso para el sistema penal acusatorio».
México rechaza violaciones a derechos humanos
El gobierno de México rechazó toda violación a los derechos humanos, y reafirmó el compromiso de garantizar su protección en todo el territorio, así como el compromiso permanente para investigar diligentemente, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles.
«México valora muy especialmente las labores de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria, así como acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, especialmente en el combate al crimen organizado en nuestro país», menciona un comunicado de la PGR como respuesta al informe de WOLE.
Se menciona que el gobierno de México valora la labor de WOLA y las organizaciones de la sociedad civil, no obstante, considera relevante puntualizar lo siguiente:
- Instituciones académicas reconocidas a nivel nacional e internacional, organizaciones de la sociedad civil, así como organismos internacionales han tenido un papel esencial en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, la construcción de la Fiscalía General de República, así como en los procesos legislativos y de diseño de las leyes generales en materia de combate a la tortura y a la desaparición de personas.
- La participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país.
- México invita a que los análisis en la materia consideren dicho contexto, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos de América hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país.
- Estudios en ese sentido serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte.
«Con apego a las disposiciones en la materia y en el marco de los tratados de derechos humanos de los que México es parte, el Gobierno de la República continuará impulsando investigaciones imparciales y objetivas para toda presunta violación a los derechos humanos, que aseguren una procuración y acceso a la justicia efectivos, así como la sanción a los responsables», concluye.
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