Ciudad de México, 26 de junio de 2024 – La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz ha presentado una iniciativa legislativa que busca imponer severas sanciones a la intervención del Presidente de la República en procesos electorales, proponiendo que dicha conducta sea tipificada como «traición a la patria».

Esta propuesta surge en medio de crecientes preocupaciones sobre la imparcialidad y la integridad de los procesos electorales en México.

La reforma propuesta por Gálvez contempla modificaciones al Código Penal y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y podría llevar a penas de hasta 50 años de cárcel para aquellos que incurran en las siguientes conductas:

  1. Uso de Recursos Públicos: La iniciativa establece que utilizar o permitir el uso de recursos públicos para beneficiar o atacar una candidatura se considerará una grave infracción. Esto incluye cualquier forma de desvío de recursos del erario público para influir en el resultado electoral.
  2. Violencia Política: Cometer actos de violencia política contra una candidatura también será severamente castigado. Este término abarca una amplia gama de conductas, desde amenazas y coerción hasta agresiones físicas o verbales, dirigidas a candidatos o sus simpatizantes.
  3. Vulneración de Principios Electorales: La propuesta de Gálvez subraya la importancia de mantener los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en los procesos electorales. Cualquier acto que vulnere estos principios, ya sea mediante el favoritismo o la discriminación hacia alguna candidatura, será considerado traición a la patria.

En la presentación de su propuesta, Xóchitl Gálvez destacó la necesidad de garantizar elecciones libres y justas en México.

«La intervención del Presidente en los procesos electorales socava la democracia y mina la confianza del pueblo en sus instituciones», afirmó Gálvez.

«Esta reforma busca proteger la voluntad popular y asegurar que ningún funcionario público pueda manipular el proceso electoral en su favor o en detrimento de otros».

Aunque se antoja muy difícil que pueda prosperar en el Congreso de la Unión, la iniciativa generará un amplio debate en el ámbito político y social, con opiniones divididas sobre su viabilidad y el impacto que podría tener en el sistema político mexicano.

Algunos expertos en derecho constitucional han expresado su apoyo, argumentando que es un paso necesario para fortalecer la democracia, mientras que otros han cuestionado la severidad de las penas propuestas.

La propuesta de Gálvez será discutida en el Congreso en las próximas semanas, y en caso de prosperar la propuesta de reforma, podría marcar un hito en la legislación electoral del país.

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